Varias decenas de personas afectadas por la actuación profesional del abogado José Javier Peinado se han concentrado este martes, 16 de junio, a las puertas de los juzgados de Úbeda, coincidiendo con la celebración de un nuevo procedimiento judicial relacionado con el letrado. La protesta, convocada por una plataforma de afectados recientemente constituida, busca visibilizar una problemática que, según el colectivo, afecta ya a más de 40 familias de la comarca y a otras personas de distintos puntos del país.
Concentración y origen del conflicto
La convocatoria coincide con el crecimiento de una plataforma que, en pocas semanas, ha reunido a más de medio centenar de personas que aseguran haber vivido situaciones similares. Según explican, el objetivo es dar visibilidad a los casos y localizar a posibles nuevos afectados, especialmente entre personas mayores con menor acceso a redes sociales.
De acuerdo con los testimonios recopilados, los casos comparten un patrón: el letrado habría solicitado provisiones de fondos o cantidades económicas para supuestos trámites judiciales, mientras informaba a sus clientes de que los procedimientos seguían en curso. Sin embargo, algunas personas aseguran haber descubierto posteriormente que demandas, recursos u otros trámites no se habrían llegado a presentar o habrían prescrito.
Extensión de los casos
La plataforma sitúa la mayoría de los casos en municipios de la provincia de Jaén como Úbeda, Cazorla o Rus, aunque también afirma haber localizado presuntos afectados en Granada, Madrid y otras provincias.
Los procedimientos estarían relacionados con ámbitos como accidentes de tráfico, herencias, conflictos familiares o reclamaciones laborales. Algunas personas afectadas aseguran haber esperado durante años o incluso décadas resoluciones que nunca llegaron.
Consecuencias económicas y legales
Uno de los aspectos que más preocupa al colectivo son las consecuencias económicas derivadas de estas situaciones. Según denuncian, algunos casos habrían terminado en embargos, costes judiciales o pérdidas patrimoniales, sin haber recibido información clara sobre el estado real de sus expedientes.
Actualmente, la plataforma trabaja con una abogada que analiza la documentación disponible para determinar qué casos podrían seguir siendo viables y si es posible emprender acciones legales conjuntas o individuales.
Denuncias de los afectados
Los testimonios recabados apuntan a retrasos prolongados, procedimientos que no se habrían iniciado o que habrían prescrito sin conocimiento de las personas afectadas, así como la falta de entrega de documentación pese a solicitudes reiteradas.
Lola Pérez, que actúa en representación de su madre, ha relatado el caso de su familia vinculado al fallecimiento de su hermano en un accidente de tráfico: “Estuvimos muchísimos años intentando conseguir respuesta de qué estaba pasando, de cómo iba el caso. Todo va bien, esto se está pleiteando… pero pasaron 18 años y no había resultados”.
Pérez también ha señalado las dificultades para acceder a la documentación: “Pedimos por diferentes burofax la documentación, no nos la facilitó. Luego recurrimos al Colegio Oficial de Abogados de Jaén; le pusieron una amonestación y después una sanción de un mes sin empleo, pero nos quedamos sin la documentación”.
Sobre el alcance del colectivo, ha indicado que “hay ya alrededor de 50 personas” y que actualmente trabajan con asesoramiento jurídico para estudiar cada caso: “Habrá casos que hayan prescrito, otros que no, y habrá que ver qué se puede hacer tanto a nivel individual como conjunto”.
Organización de la plataforma
Uno de los impulsores de la plataforma, que ha preferido mantener el anonimato, ha explicado que el colectivo surgió a raíz de una publicación en redes sociales: “Yo pensaba que íbamos a ser dos o tres, pero en menos de una semana estábamos más de 30 personas. Fue un efecto bola de nieve tremendo”.
Sobre su caso personal, ha afirmado: “En el año 98 se entregó dinero para depositarlo en el juzgado y ejercer un derecho de retracto sobre una finca. He ido a preguntar al juzgado y ese dinero no está depositado”.
Este afectado también ha destacado las consecuencias emocionales: “Mi madre ha sufrido mucho por el tema, ha necesitado tratamiento psicológico y psiquiátrico. El daño moral es enorme, como en muchísimos casos aquí”.
Asimismo, ha denunciado un supuesto patrón de actuación: “Nos damos cuenta de que era un modus operandi, que con todo el mundo hacía igual: dejar que los procedimientos se alargaran y no se resolvieran”.
Casos prolongados durante décadas
José Luis Ortiz, en nombre de su tía, ha expuesto otro caso relacionado con un accidente ocurrido en 1998: “Se suponía que había una denuncia contra la compañía, pero vinimos al juzgado y nos dijeron que no constaba. Mi tía falleció sin recibir compensación alguna”.
Ortiz ha añadido que, tras abandonar el despacho, tampoco recuperaron la documentación: “Pedimos que nos la diera para defender nuestros intereses, pero a fecha de hoy no hemos obtenido resultados”.
También ha señalado las dificultades para emprender acciones legales en el pasado: “Fuimos a distintos despachos de Úbeda y nos decían que no querían interponer denuncias contra él porque luego se tenían que ver en los pasillos del juzgado”.
Próximos pasos
La plataforma continúa recabando casos y documentación con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. Según indican, el siguiente paso será evaluar jurídicamente cada situación para decidir si procede una denuncia colectiva o acciones individuales.
Mientras tanto, el colectivo insiste en la necesidad de visibilizar estos hechos y de que posibles personas afectadas se pongan en contacto para ampliar el alcance de la investigación.
