El parlamentario de Vox por Jaén, Benito Morillo, se pronunció en rueda de prensa en Úbeda sobre la reciente sentencia contra UGT Andalucía, en la que la Audiencia Provincial de Sevilla condenó al exsecretario general del sindicato, Francisco F.S., a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros. La condena incluye a otros excargos del sindicato y exige la devolución de 40,6 millones de euros a la Junta de Andalucía por el desvío de fondos públicos destinados a programas de formación.
Morillo calificó la situación de «insultante» para la ciudadanía, argumentando que estos fondos «robados» debían haber sido utilizados para mejorar servicios públicos en lugar de financiar «actividades espurias». Además, criticó al Gobierno de Juanma Moreno por no haber reclamado la devolución inmediata de las cantidades malversadas tras la sentencia de los ERE de 2021 y, en cambio, permitir su pago en cuotas. «El gobierno no solo mantiene estas subvenciones a sindicatos, sino que las ha incrementado en 12 millones desde 2018», señaló.
Así mismo, Morillo se mostró muy crítico con la nueva Ley de Participación Institucional, aprobada por el Gobierno andaluz, que, según Vox, habilita a sindicatos como UGT y CCOO a seguir recibiendo fondos públicos bajo nuevos conceptos. «Es una ofensa a los andaluces», afirmó Morillo, quien considera que esta normativa permite que los sindicatos financien actividades con los mismos recursos que previamente les exige la justicia que devuelvan. «Esto es un insulto a los andaluces que ven como sus impuestos, lejos de ir a mejorar los servicios públicos, pues se dirigen a mantener estos chiringuitos sindicales que no son otra cosa que un fin en sí mismo», sentenciaba.
Del mismo modo, el parlamentario andaluz recordó que esta nueva condena contra UGT se suma a otros casos judiciales que han involucrado al sindicato, incluidos los relacionados con el fraude de los ERE. En 2021, UGT y CCOO fueron obligados a devolver casi 10 millones de euros por el uso indebido de fondos públicos. El caso actual gira en torno al uso fraudulento de más de 40 millones de euros destinados a formación profesional, que fueron desviados para cubrir gastos operativos del sindicato.
UGT Andalucía ha anunciado que recurrirá esta última sentencia ante el Tribunal Supremo.
