La Junta de Andalucía ya es nuevamente titular de los 70 edificios vendidos en 2014 a la empresa Inversiones Holmes (filial del fondo de inversión WP Carey), en una operación de Sale & Lease Back por la que recibió entonces 300 millones de euros y se comprometió a realquilarlos por un periodo inicial de 20 años.
Tras el acuerdo al que llegaron la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos con la propietaria el pasado mes de octubre, se ha firmado en una notaría de Sevilla la operación de recompra de los edificios, en los que trabajan unos 8.600 empleados públicos de la Junta de Andalucía, y que va a suponer un ahorro de al menos 35,6 millones de euros cada año, que es la cifra que se ha pagado en el alquiler de estos edificios en 2023.
«Esta operación supone la eliminación de una sola vez del 60% del coste de los alquileres anuales que ha venido pagando la Junta de Andalucía hasta el pasado año», explica la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien insiste, además, en que «en una década, habríamos pagado bastante más por los alquileres de lo que vamos a pagar por la compra». Apunta que «ésta operación ha sido posible gracias al saneamiento previo de las finanzas que ha llevado a cabo estos años la Junta de Andalucía y se podrá amortizar en menos de diez años».
El acuerdo suscrito por el actual Gobierno andaluz con la empresa propietaria de los edificios y rubricado formalmente este lunes ponía fin a una operación que resultó ruinosa para los intereses de Andalucía, al despatrimonializar a la administración autonómica y generar una deuda de por vida. La Junta vendió los edificios por 300 millones y se obligó a pagar al comprador en 20 años al menos 707,8 millones. Casi dos veces y media lo que había recibido por vender los edificios. Y a partir de ahí, todos los años, de por vida, una renta que superaría sin duda los 40 millones de euros cada año.
Entre los edificios que han sido objeto de la operación se encuentran algunos muy significativos, como los que comparten diversas delegaciones territoriales en varias provincias andaluzas (Málaga, Jaén o Córdoba, por ejemplo), o las sedes centrales de las consejerías de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Salud y Consumo, en Sevilla. Hay oficinas de empleo, conservatorios, delegaciones territoriales…
La compra de estos edificios por parte de la Junta de Andalucía, que ha abonado por ellos 327.284.000 euros (más 1 millón más que se entregó en la firma del contrato privado), forma parte del Plan Estratégico de Sedes Administrativas de la Junta de Andalucía, que está diseñando la Dirección General de Patrimonio.
Uno de los objetivos de este plan es reducir de forma drástica el coste de los alquileres que paga la Junta cada año y que ascendían hasta ahora, en conjunto, a casi 60 millones de euros. La mayor parte de estos alquileres (por encima del 61%) correspondían a los que la Junta ha venido pagando hasta ahora en virtud de la operación de Sale & Lease Back.
Otro de los objetivos del plan era, precisamente, buscar una solución al problema que se plantearía a partir del año 2034, una vez que expirase el contrato de alquiler suscrito con Inversiones Holmes para el uso de los 70 inmuebles que le compró a la Junta en 2014, en los que trabajan alrededor de 8.600 empleados públicos, en muchos casos en servicios de atención al público: las oficinas de empleo, los registros que se encuentran en las sedes de las delegaciones territoriales, etc.
El acuerdo alcanzado con WP Carey supone, en este sentido, la consecución de un doble objetivo: un ahorro más que significativo en alquileres y disipar la incertidumbre de la ubicación de los 8.600 empleados públicos que trabajan en estos edificios tras la finalización del contrato.
