Una herramienta que sirve para resolver conflictos de manera más ágil y eficaz
Úbeda ha acogido una jornada informativa sobre el Sistema Arbitral de Consumo, una iniciativa conjunta de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Úbeda. El objetivo principal de este encuentro ha sido dar a conocer las ventajas de este mecanismo para resolver de forma rápida y sencilla los conflictos entre consumidores y empresas, evitando así los trámites judiciales.
Una nueva jornada empresarial en la que se ha abordado el funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo y las ventajas que este procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos representa para las empresas y los consumidores. Para ello, el director del área de Servicios Municipales de la Administración provincial, Francisco Lechuga, ha ofrecido una ponencia centrada en la composición de la Junta Arbitral de Consumo en la provincia, así como en las funciones y el procedimiento seguido por esta vía de resolución de conflictos que excluye la vía judicial.
Alrededor de cuarenta empresarios se han dado cita en la sede de Alciser para participar en la segunda jornada, tras la celebrada en Jaén el pasado julio, que CEJ y Diputación han organizado en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas entidades para promover la adhesión de empresas de la provincia al Sistema Arbitral de Consumo.
Durante el acto, el presidente de la CEJ, Bartolomé González, ha destacado la importancia de este sistema para fomentar la confianza entre consumidores y empresas. «El arbitraje de consumo es una herramienta muy útil que permite resolver conflictos de manera rápida, sencilla y gratuita», ha afirmado González. Además, ha subrayado que esta vía alternativa a los tribunales es especialmente beneficiosa para las pequeñas y medianas empresas, ya que les permite gestionar de forma más eficiente las posibles reclamaciones de sus clientes.
Por su parte, el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha resaltado el compromiso de la Diputación Provincial con la defensa de los derechos de los consumidores. «Queremos que los ciudadanos tengan acceso a herramientas eficaces para resolver sus problemas y, por eso, apoyamos iniciativas como esta», ha señalado Hidalgo. Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y las asociaciones empresariales para promover el arbitraje de consumo.
La concejala de Consumo de Úbeda, Francisca Isabel Millán, ha subrayado la importancia de acercar este servicio a los ciudadanos. «Queremos que los ubetenses sepan que tienen a su disposición un mecanismo rápido y eficaz para resolver sus conflictos de consumo», ha afirmado Millán. Además, ha invitado a los pequeños comerciantes a adherirse al sistema arbitral, ya que esto les permitirá ofrecer un mejor servicio a sus clientes y fortalecer la confianza en el comercio local.
El Sistema Arbitral de Consumo es una vía extrajudicial, habilitada por la Administración Pública, mediante la que se resuelve con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo, es decir, entre consumidores o usuarios y empresarios o profesionales, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito.
A través de dicho sistema, las partes en conflicto, voluntariamente, encomiendan a un órgano arbitral, que actúa con imparcialidad, independencia y confidencialidad, la decisión sobre el mismo, la cual, al ser vinculante, tiene la misma eficacia que una sentencia judicial.
Se trata de un sistema voluntario vinculante y ejecutivo, porque los laudos -resoluciones arbitrales- son de ejecución obligada, como si se tratara de una sentencia judicial y produce efectos idénticos a la cosa juzgada. Lo que significa que obliga a las partes a estar y pasar por lo estipulado e impide a los Jueces y Tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas a arbitraje, quienes, además ante una eventual acción de anulación no pueden entrar en el fondo del asunto.
Además, es una herramienta gratuita frente a lo que ocurre con el arbitraje general y a fin de potenciar la protección de los consumidores y usuarios, el legislador se ha preocupado de resaltar que el arbitraje de consumo tiene la importantísima característica de ser gratuito para las partes. La gratuidad presenta como única excepción el coste de las pruebas practicadas a instancia de parte que serán costeadas por quienes las proponga.
En definitiva, es la vía más adecuada para que los consumidores o usuarios puedan hacer valer sus derechos sin las dificultades que, normalmente, supone acudir a la vía judicial y para los empresarios y profesionales supone un refuerzo de la confianza de los consumidores en aquellas empresas que ostentan el distintivo de adhesión al sistema, ya que saben que en caso de conflicto podrán resolverlo de manera rápida, eficaz y gratuita.
