La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, ha explicado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha aflorado en los dos últimos años (ejercicio de 2021 y 2022) un total de 1.548 contratos de trabajadores en situación de economía irregular, es decir, empleados sin dar de alta en la Seguridad Social. Del mismo modo, también se han transformado 3.449 contratos temporales en indefinidos (1.789 en 2022 y 1.660 en el ejercicio 2021). “Se está haciendo un esfuerzo sostenido por poner al descubierto este tipo de situaciones fraudulentas. “Su labor, altamente eficaz, permite sacar a la luz situaciones de fraude en el mercado laboral que nos perjudican a todos, porque hablamos de trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social, entre otras malas prácticas”, ha destacado la representante del Ejecutivo en la provincia, quien ha puesto en valor que este organismo estatal ha realizado 7.553 visitas a centros de trabajo durante ese mismo periodo (4.265 en 2022). “Son cifras que dan muestra del importante trabajo que se está realizando en la lucha contra el fraude laboral y que ha permitido una recaudación extraordinaria de 5,8 millones en 2022 y otros 5,9 millones en 2021 para las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social”, ha remarcado.
De este modo, la subdelegada ha analizado el informe anual que presenta la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, cuya responsable es Mariola Palacios. “Antes de nada, quisiera destacar la profesionalidad y esfuerzo del grupo de personas que forman la Inspección de Trabajo en Jaén”, que cuenta con una plantilla de 10 inspectores, 13 subinspectores de Empleo y Seguridad Social y otros tres subinspectores de Seguridad y Salud.
Durante los últimos, se han realizado inspecciones en el sector agrícola, especialmente en la campaña de recolección de la aceituna para la detección de empleo irregular, garantizar los derechos laborales de los trabajadores agrícolas y la prevención de riesgos laborales. En este sentido, se han generado 7.936 órdenes de servicio, lo que supone un incremento de casi el 35 por ciento con respecto al año anterior, lo que ha dado lugar a más de 19.000 actuaciones (un 46 por ciento de aumento en relación a 2021). Madueño ha subrayado que la actividad desarrollada no se limita únicamente al empleo irregular, sino que la labor de este organismo también se dirige a garantizar los derechos laborales de los trabajadores, la prevención de la siniestralidad laboral y el fraude en la contratación, la promoción de la conversión de contratos en indefinidos o la no discriminación por razón de sexo, entre otros objetivos.
Así, la subdelegada ha explicado que, en 2022, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social recibió y admitió a trámite 597 denuncias, lo que supone 65 más que en el ejercicio anterior. Del mismo modo, los profesionales de este organismo estatal realizaron 4.265 visitas a centros de trabajo, frente a las 3.288 completadas en 2021. El número total de asuntos investigados ascendió a 19.130. De esa cantidad, 9.083 expedientes están relacionados con seguridad y salud y 7.680 materias se vinculan a Seguridad Social.
Durante todo el año 2022, la Inspección detectó 1.259 infracciones a la legislación del orden social, lo que representa un notable incremento con respecto a los parámetros del ejercicio 2021, cuando se levantaron 769 actas de infracción. “Esta actividad inspectora ha permitido aflorar 477 empleos de economía sumergida en 2021 y otros 1.077 en 2022, lo que supone sacar a la luz 1.548 contratos irregulares”, ha valorado la subdelegada. Madueño ha recordado que este trabajo se enmarca en el Plan Estratégico 2021-2023, que recoge los objetivos fijados en conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que constituye uno de los ejes articuladores de la acción política del Gobierno de España. “Se trata de contribuir con su actividad inspectora a la mejora de la calidad del empleo, la garantía de los derechos de las personas trabajadoras y la lucha contra la precariedad y el fraude en materia laboral y de Seguridad Social”, ha concluido la representante del Ejecutivo.
