La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos –COAG- de Andalucía, junto con los demás integrantes de la Mesa de Interlocución Agraria de Andalucía, ha manifestado su rechazo unánime al último borrador del Real Decreto de Transición presentado por el ministro Luis Planas, por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022, es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario, y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023.
Este borrador de decreto, que será revisado en el Consejo de Ministros del próximo martes, 26 de enero, y se espera que sea aprobado y publicado en el BOE a lo largo de la semana que viene, ha encendido todas las alarmas en el campo andaluz, ya que si finalmente entra en vigor, va a ser letal para el modelo de agricultura social que prevalece en Andalucía, según ha denunciado COAG.
En este sentido se ha manifestado Miguel López, secretario general de la organización agraria en Andalucía, afirmando que “la convergencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, terminará por cargarse el modelo profesional de agricultura andaluz”.
Para Miguel López, el ministro Planas es un “vendepatria”, porque traiciona al modelo social y profesional que debe defender, y asegura que con su decreto de convergencia arremete contra la economía agraria de Andalucía, contra un sistema productivo que distribuye riqueza, que genera el 90% del empleo agrario y que es el que fija población.
“Es inadmisible –dice- que esta reforma vaya en contra de aquellas explotaciones que han hecho un mayor esfuerzo en inversiones para adaptar sus estructuras, ser más productivos y crear más empleo”.
Y es que, según COAG, este decreto plantea una reforma brutal del actual sistema de convergencia, una convergencia casi total (del 80% de los niveles de ayuda de cada agricultor respecto de la media) de forma inmediata, sin transitoriedad, y sin límite de impacto en la renta individual de los agricultores.
Según el análisis de la organización agraria, la aplicación de esta propuesta conllevaría que, de un día para otro, aquellos agricultores con derechos de pago básico más elevados, por proceder de derechos especiales de ganadería (los que tienen menos base territorial) o por su mayor productividad al proceder de regadío frente a los que proceden del secano, sufrirían elevadas reducciones para acercar el valor de sus derechos a la media de su región, ignorando la diversidad productiva, la tipología de explotaciones, dimensión, y sin valorar la renta de cada uno de ellos.
En Andalucía, sólo el 3,5% de las explotaciones tiene más de 100 hectáreas y ocupan el 50% de la superficie agraria útil. El otro 50% está en manos del 96,5% de los agricultores andaluces, cuyas explotaciones tienen una extensión menor a 100 hectáreas. Son precisamente estas explotaciones donde se desarrolla el regadío andaluz y la agricultura más profesional, más productiva, inversora y que da empleo a más del 90% de los trabajadores ocupados en el sector.
Por tanto, para COAG, la propuesta del ministro supone transferir fondos públicos desde esa agricultura profesional, productiva y generadora de empleo, hacia el otro modelo poco productivo, extensivo, latifundista y que no genera empleo ni dinamiza el medio rural. “Aunque el ministro afirme que Andalucía no va a perder recursos –comenta Miguel López-, queriendo llevar el debate a un enfrentamiento político y debate entre comunidades, oculta lo que realmente va a hacer: que las ayudas se repartan entre los que más hectáreas tienen, entre los fondos de inversión y los mercados financieros, perjudicando así a los agricultores profesionales que son el verdadero motor socioeconómico del medio rural andaluz”.
“No damos crédito –añade- a lo que pretende hacer con la agricultura andaluza este ministro, con una convergencia acelerada y profunda de los derechos de pago básico incluida, que es del todo inoportuna, injusta y gratuita (sin obligación por parte de la UE), que no va dirigida a fomentar la producción, ni el empleo, ni a luchar contra el despoblamiento, pues plantea una tasa plana que primará la superficie sobre la producción, provocando un efecto llamada a más fondos de inversión que acudirán a la caza de los bienes públicos: tierra, agua y apoyos de la PAC”.
