La Asociación de Mujeres Rurales de Jaén (ADEMUR) rechaza el injusto, aleatorio y totalmente discriminatorio reparto, según afirman, que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía de los fondos para proyectos en materia de Igualdad. La Presidenta, y secretaria de Igualdad de UPA Jaén, María Inés Casado, participó en la reunión celebrada en Córdoba entre 150 asociaciones y organizaciones sociales y de mujeres, donde se acordó exigir soluciones y se anunciaron movilizaciones y acciones legales contra esta decisión de la Consejería, que premia a algunos colectivos con el doble y el triple de aportaciones de lo presupuestado en los proyectos inicialmente presentados, según recalcan desde ADEMUR.
María Inés Casado denuncia, en una nota de prensa remitida a esta redacción desde la asociación, que los fondos públicos necesarios para 241 programas en materia de prevención de la violencia machista, de empoderamiento feminista, de coeducación, de exclusión social y de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual han sido excluidos por parte del Gobierno andaluz. De ahí que la Presidenta de ADEMUR muestre su rotunda disconformidad con la resolución definitiva de la financiación de proyectos destinados a Igualdad del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ya que supone un ataque frontal a los derechos humanos y de las mujeres, sentenciaba.
El cambio de criterio ha supuesto, según afirman desde ADEMUR, que desaparezca una red de apoyo y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista; proyectos que llevan años desarrollándose en barrios, zonas rurales y vulnerables de la provincia y de toda Andalucía. Este cambio radical, asegura María Inés Casado, está comprometiendo el desarrollo de políticas públicas a través de programas que benefician a miles de mujeres en Jaén y en las otras siete provincias andaluzas, y que velan por sus derechos. También deja sin cobertura de asistencia y participación a muchas zonas de la comunidad autónoma, especialmente rurales. Además, concreta María Inés Casado, supone un perjuicio para las entidades y asociaciones que ya han ejecutado total o parcialmente los proyectos aprobados en primera instancia.
