Las gestiones realizadas por la Oficina de Intermediación Hipotecaria, impulsada por la Diputación Provincial y el Colegio Oficial de Abogados de Jaén en 2012, han permitido que cerca de un millar de familias permanezcan en sus viviendas desde la creación de la misma. La Administración provincial y este colegio oficial han renovado el convenio para dar continuidad a esta oficina, dirigida a asesorar y ayudar de forma gratuita a familias con escasos recursos con el objetivo de evitar que pierdan sus viviendas. Francisco Reyes, presidente de la diputación provincial ha informado sobre este acuerdo y sobre las gestiones realizadas por la Oficina de Intermediación Hipotecaria junto al presidente del Colegio Oficial de Abogados de Jaén, Vicente Oya, y la coordinadora de dicha oficina, Francisca Rodríguez.
Reyes, ha estado acompañado en este acto por la vicepresidenta primera de la Diputación, Pilar Parra, una rueda de prensa en la que ha puesto de relieve la relevancia de este instrumento el cual cuenta para este año con un presupuesto de 37.000€ y en el que se han invertido durante estos siete años de recorrido más de 300.000 euros por parte del ente provincial.
En esta misma línea, el presidente del Colegio Oficial de Abogados de Jaén ha hecho hincapié en el trabajo de la Administración provincial y de los profesionales de este colegio para el funcionamiento de la Oficina de Intermediación Hipotecaria. “Si no fuera por Diputación y por el magnífico equipo de profesionales, esto no hubiera sido posible”, ha señalado Oya, que ha destacado la labor realizada por “el elenco de letrados que se han dedicado de forma casi altruista a estar con la gente que verdaderamente lo necesitaba y que ha permitido que cerca de mil familias se hayan visto asesoradas a través de esta oficina”.
Desde su puesta en marcha en 2012, la Oficina de Intermediación Hipotecaria ha atendido a cerca de un millar de familias, cuya práctica totalidad permanece en sus viviendas, bien por haber obtenido acuerdos de refinanciación de hipoteca o daciones en pago, bien por ser beneficiarios de alquiler social o acuerdos de reestructuración de la deuda, o bien, por obtener la nulidad de sus cláusulas suelo, lo que facilita el hacer frente al pago de la hipoteca. Datos que nos ampliaba la coordinadora de dicha oficina, Francisca Rodríguez.
En concreto, de los 970 expedientes tramitados desde 2012, “un total de 225 han correspondido a ejecuciones hipotecarias, en los que tan sólo 3 se han producido desahucios y en el resto hemos conseguido que se hayan archivado o se haya suspendido el desahucio o lanzamiento hasta el año 2020, una moratoria que confiamos en que vuelva a prorrogarse”, ha explicado Francisca Rodríguez. De los 745 expedientes restantes, 4 se corresponden con expedientes de emigrantes retornados y un total de 741 a expedientes de intermediación hipotecaria y de cláusulas abusivas que, “aunque no tienen un riesgo tan inminente de desahucio como los de ejecución hipotecaria, la anulación de estas cláusulas permite a las familias poder seguir pagando su hipoteca, evitar el lanzamiento y seguir viviendo en sus casas”, ha señalado Rodríguez.
