La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) La Torre, del IES Gil de Zático de Torreperogil, ha convocado para este miércoles 24 de septiembre una concentración frente a la Delegación de Educación en Jaén. La protesta, que tendrá lugar entre las 10.00 y las 12.00 horas, llega tras la reunión mantenida este martes con el Servicio de Planificación Escolar, que concluyó sin acuerdos.
El origen del conflicto está en la eliminación de tres unidades de Educación Secundaria Obligatoria en el instituto. La AMPA sostiene que la medida vulnera la normativa vigente y reclama su restitución. Por su parte, desde la Delegación de Educación argumentan que cualquier discrepancia sobre la interpretación de la norma debe dirimirse en instancias superiores, y recalcan que, mientras tanto, los centros están obligados a acatar las instrucciones dictadas por la administración.
La asociación ha organizado autobuses para facilitar la asistencia a la movilización y ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a sumarse a la concentración con el objetivo de presionar a la Junta de Andalucía para que revierta la decisión.
Paro educativo municipal y negocios cerrados el lunes como protesta
Esta movilización se suma a las anteriores que se han realizado en las puertas del centro y ha sido apoyada también por alumnado y AMPAS del resto de centros educativos de Torreperogil, secundando un paro el lunes de 8:30 a 9:30h. Así mismo, negocios del municipio cerraron sus puertas el lunes a las 10h. como señal de protesta por las decisiones tomadas por la Delegación de Educación respecto al IES Gil de Zático.
Apoyo de más centros educativos de Úbeda afectados
Las Direcciones y los Claustros del IES Francisco de los Cobos y del IES San Juan de la Cruz de Úbeda expresan su apoyo firme al IES Gil de Zático de Torreperogil, así como a su comunidad educativa, en las actuaciones emprendidas para exigir el respeto a las ratios máximas por aula y la restitución de las líneas suprimidas. Tal y como ha trascendido públicamente, la reducción de unidades ha derivado en grupos que superan el tope legal en ESO (30 alumnos), generando un perjuicio pedagógico y organizativo que compartimos y denunciamos.
Asimismo, trasladan que este problema también afecta en el presente curso y ha afectado en el pasado a ambos centros firmantes (IES Francisco de los Cobos e IES San Juan de la Cruz), concretamente en 1º ESO y en 1º de Bachillerato, incumpliendo la ratio máxima establecida por la normativa en vigor, lo que se ha puesto en conocimiento de la Delegación Territorial solicitando ajustes de unidades y dotación suficientes para situar la mencionada ratio dentro de la legalidad y garantizar una atención educativa de calidad.
Recuerdan que la normativa básica estatal fija los máximos de 30 alumnos en ESO y 35 en Bachillerato (art. 16 del Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, sobre requisitos mínimos de centros). Esta es la referencia obligatoria para la organización de grupos en los institutos.
Igualmente, las Instrucciones autonómicas de escolarización y matriculación y el Decreto 21/2020 (admisión del alumnado en Andalucía) articulan procedimientos y supuestos excepcionales (p. ej., reagrupación de hermanos, escolarización extraordinaria) que no pueden convertirse en regla ni justificar ratios estructuralmente superiores a las máximas. Exigen que toda medida se adopte con carácter temporal, motivación expresa y restableciendo de inmediato los límites legales.
Es más, una derivada de este incumplimiento de la normativa sobre ratios máximas ha hecho que un importante número de alumnos/as que habían solicitado plaza escolar en el IES Francisco de los Cobos y el IES San Juan de la Cruz de Úbeda en cursos como 1º ESO o 1º Bachillerato no hayan podido escolarizarse en ambos centros, siendo derivados a otros centros de la localidad, incumpliéndose la libertad de elección de centro educativo que tienen las familias.
Por todo ello, solicitan a la Administración educativa que cumpla con la normativa sobre ratios máximas, que reponga las líneas necesarias en los IES y CEIPs públicos de la Comunidad Autónoma y dote al profesorado y a todos los centros de los recursos imprescindibles para cumplir la legislación vigente y proteger el derecho del alumnado a una educación pública de calidad en condiciones de equidad y seguridad jurídica.
