El tramo de autovía Úbeda-Torreperogil de la A-32 aparece en el informe de la UCO

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En concreto, este informe hace mención a una nota de Koldo en su telefono móvil y a una imagen enviada por el empresario Fernando Merino a Koldo por WhatsApp el 6 de agosto de 2019.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública en la provincia de Jaén, vinculadas a la trama de corrupción conocida como «trama Koldo». El documento, de 490 páginas, detalla conversaciones y maniobras para favorecer a la constructora Obras Públicas y Regadíos (OPR) en la modificación del tramo Úbeda-Torreperogil de la autovía A-32.

Según el informe, Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, habría mantenido conversaciones con responsables de la empresa Acciona y altos cargos del Ministerio de Transportes para agilizar y adjudicar la modificación del tramo a OPR. Entre los implicados también se encuentran Fernando Merino, exdirector de Acciona, y varios exaltos cargos del ministerio.

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Una nota encontrada en el móvil de García, fechada el 29 de marzo de 2019, indicaba: «Úbeda a Torreperogil aprobar el modificado ya y como viene y es de OPR». Esta anotación, junto con mensajes posteriores entre Merino y García, sugiere presiones para aprobar técnicamente la modificación en agosto de 2019. La aprobación final se produjo el 25 de octubre de ese mismo año, coincidiendo con lo solicitado en los mensajes intervenidos por la Guardia Civil.

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El informe también destaca la participación de Fernando Merino como intermediario en favor de OPR, reenviando mensajes clave al entonces director general de Carreteras, Javier Herrero. La investigación ha llevado a la dimisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y ha salpicado a otros altos cargos del partido, provocando una crisis sin precedentes.

El documento de aprobación técnica, firmado por Javier Herrero y Camino Arce, exsubdirectora general de Construcción, incluía la liberación de un pago de más de 1,9 millones de euros a OPR. Este caso se enmarca en una macrocausa por corrupción en adjudicaciones públicas que ha sacudido al gobierno y ha llevado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a comparecer públicamente para disculparse por la situación.

La investigación sigue abierta y no se descarta que en las próximas semanas se amplíen las diligencias para esclarecer la posible implicación de más responsables técnicos y políticos vinculados a estas adjudicaciones.

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