El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Úbeda al considerar que existen irregularidades en su tramitación. El primer teniente de alcalde y concejal de Personal, Javier Gámez, compareció hoy para aclarar que la sentencia no cuestiona el contenido del documento, sino el proceso de negociación con los sindicatos.
La resolución judicial, emitida tras un recurso de apelación, determina que no se siguieron los trámites adecuados, como la falta de un informe preceptivo de la Intervención Municipal y de traslado de alegaciones a la Junta de Personal. Gámez insistió en que el fallo se centra en «la forma, no el fondo». «Lo que se juzgaba no era el contenido, sino el procedimiento negociador», afirmó.
El edil defendió que la RPT, modificada en 2018 para corregir las irregularidades señaladas en una sentencia previa de 2021, fue aprobada por la mayoría de los sindicatos en las mesas de negociación. Sin embargo, el TSJA exige ahora reiniciar el proceso, incorporando los requisitos omitidos.
Gámez anunció que el Ayuntamiento evaluará si recurre en casación al Tribunal Supremo, aunque priorizará la renegociación de la RPT. «Ya hemos pedido a los sindicatos que nombren representantes para una Comisión de Valoración», señaló. Además, descartó que la anulación afecte a la estabilidad laboral del personal, ya que la Ley de 2021 «garantiza las plazas, independientemente de la RPT».
El concejal criticó a los sindicatos y partidos de la oposición –especialmente al PP y Vox– por utilizar el fallo con fines políticos. «Algunos buscan el malestar entre los trabajadores; otros priorizan su interés partidista sobre el de la ciudad». En respuesta, el PP local acusó al equipo de Gobierno de «incapacidad» y exigió responsabilidades, algo que Gámez rechazó, recordando que su gestión modernizó una RPT «obsoleta desde 2002».
La RPT de Úbeda lleva años generando tensiones. El actual equipo de Gobierno (PSOE) sostiene que heredó un documento desactualizado y que su revisión en 2018 incluyó áreas como Deportes o Servicios Sociales, que antes ni siquiera figuraban. No obstante, sectores críticos denuncian opacidad en las negociaciones.
Mientras se reinicia el proceso, el Ayuntamiento garantiza que los derechos laborales no se verán afectados, aunque advierte de que una «ejecución inmediata» de la sentencia –solicitada por algunos sindicatos– podría revertir condiciones salariales a las de 2002.
