El exparlamentario José Manuel Jurado advierte de que la crisis habitacional se extiende por la comunidad y defiende la declaración de zonas tensionadas frente a la «ley de la selva» del PP
La vivienda se ha consolidado como uno de los principales ejes de confrontación política en la campaña para las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo. En un paseo electoral celebrado en Úbeda, el exparlamentario de Por Andalucía, José Manuel Jurado, ha lanzado una dura crítica contra la política de vivienda de la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno, y ha defendido la necesidad urgente de intervenir el mercado para frenar la escalada de precios.
Jurado ha alertado de que la problemática habitacional funciona como una «caja de resonancia» que se está expandiendo por todo el territorio andaluz. Aunque ha reconocido que la situación en la provincia de Jaén «todavía no está agravada como en otros sitios más turísticos», ha advertido de que es «cuestión de tiempo» que el fenómeno se generalice si no se toman medidas correctoras.
Intervención frente a desregulación
El representante de la coalición de izquierdas ha hecho alusión al debate televisivo entre los candidatos a la presidencia de la Junta, afeando la postura del líder del Partido Popular. «Moreno Bonilla le contestaba a nuestro candidato, Antonio Maíllo, que él no creía en la regulación de la vivienda, sino que creía en la libertad. Y es falso», ha aseverado Jurado, quien ha acusado al Ejecutivo autonómico de regular «en favor de los fondos buitres, los inversores y los especuladores».
Para Por Andalucía, la última normativa en materia de vivienda aprobada por el Gobierno del PP al cierre de la legislatura constituye una «ley basura». Según la formación, la ausencia de límites en un mercado que califican de «salvaje» equivale a implantar «la ley de la selva», lo que a su juicio otorga «todo el poder a quienes más dinero tienen» y altera artificialmente los precios en perjuicio de las familias más vulnerables.
Las propuestas de la izquierda
Frente al modelo de libre mercado del actual Gobierno andaluz, Jurado ha defendido que la regulación del sector es una «obligación democrática» y una demanda respaldada «sociológicamente por la ciudadanía según todos los estudios serios». En este sentido, ha desgranado las herramientas que la coalición propone activar y que, según ha afirmado, ya se aplican en otros puntos de Europa:
- Declaración de zonas tensionadas: Aplicar topes a los precios del alquiler en aquellas áreas, especialmente turísticas, donde el esfuerzo financiero de los ciudadanos supere los umbrales de sostenibilidad.
- Protección permanente de la VPO: Modificar la normativa para que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no pierdan nunca su calificación pública, garantizando un parque de vivienda asequible a largo plazo.
- Eliminar las VPO de «precio limitado»: Jurado ha criticado duramente esta modalidad impulsada por el Gobierno del PP, señalando que se comercializan inmuebles por valor de «250.000 y 300.000 euros», cifras que considera inasumibles para la mayoría de los andaluces.
Un debate de modelos en el horizonte del 17-M
La vivienda promete ser uno de los grandes caballos de batalla en las urnas el próximo domingo. Mientras que el Partido Popular de Moreno Bonilla ha centrado su estrategia económica en la simplificación administrativa, los incentivos fiscales y el impulso a la construcción para aumentar la oferta, el bloque de la izquierda insiste en que el acceso a un hogar no puede desligarse de la intervención pública para evitar que se convierta en «el mayor problema de Andalucía».
