El Grupo Municipal VOX ha denunciado esta semana el bloqueo administrativo que sufren las condiciones laborales de la plantilla municipal, marcado por la judicialización de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) y el retraso en la implementación de reglamentos clave para el funcionariado y el personal laboral de la administración local.
El conflicto se centra en la aparente incapacidad del equipo de gobierno para consolidar una estructura de personal válida. Según la oposición, el consistorio se encuentra actualmente a la espera de una resolución del Tribunal Supremo sobre la última RPT, mientras de forma paralela se inicia la redacción de un tercer documento ante los fallos legales detectados en los anteriores. A esta situación se suma el incumplimiento de las promesas relativas a la normativa interna de retribuciones y la estabilización de los puestos.
El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Fernando Naves, ha señalado la ausencia de herramientas fundamentales para la transparencia salarial y la seguridad jurídica: «Nos prometieron un reglamento de gratificaciones y un reglamento de productividades. No lo tenemos. Nos prometieron también el tener un proceso de estabilización para el personal de este ayuntamiento. Y una sentencia reciente de un juzgado ha vuelto a tirar por tierra el trabajo que hace este ayuntamiento».
La labor de la Concejalía de Personal ha quedado bajo el foco tras las constantes resoluciones judiciales que han invalidado procesos administrativos previos. Naves ha cuestionado la solvencia política y técnica en esta materia, sugiriendo que la actual responsable del área, Paquibel Millán, y su predecesor, Javi Gámez, han agotado su crédito en la gestión de estos expedientes.
«La alcaldesa, el concejal pertinente, como era Javi Gámez, y ahora es la señora Paquibel, sí es cierto que están totalmente no autorizados para seguir trabajando en esta materia», ha aseverado el portavoz, quien además ha recomendado encarecidamente el uso de asesoría externa continua para evitar nuevos errores: «Como consejo, igual que han contratado una empresa para que le ayude con la RPT, más vale que contraten a esa empresa para que ayuden a la concejala las 24 horas, porque una señora que está liberada y que tiene tantísimos años de experiencia en la Administración Pública no se puede permitir el que tenga todo y cada uno de los procesos en el juzgado».
La denuncia no solo afecta a la planificación estratégica, sino también al funcionamiento cotidiano de la interlocución con la representación de las personas trabajadoras. Según el grupo denunciante, el acceso a la información básica sobre las mesas de negociación es inexistente a pesar de las solicitudes formales registradas, lo que califican como un bloqueo a la labor de fiscalización.
El portavoz de la formación ha incidido en que el tiempo transcurrido sin obtener respuesta vulnera el funcionamiento democrático de la institución local: «Ya el 5 de febrero, hace casi tres meses, registramos un escrito donde pedíamos la copia del decreto en esta mesa de negociación, tanto en la general como en la de funcionarios. Tres meses después, no tenemos contestación. Esto no es silencio administrativo, esto es dejación de funciones».
